La Agencia de Inteligencia Corporativa lanza una plataforma digital de denuncia de irregularidades

Corporate Intelligence Agency, empresa que se ocupa de la identificación y documentación del fraude en las empresas pero que también ofrece servicios para asegurar las infraestructuras informáticas, ha lanzado en colaboración con el bufete de abogados Noerr la plataforma digital Wibso, que responde a la necesidad derivada de la entrada en vigor de la ley de denunciantes.

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Autor: Atena Enea 07.04.2023

Las empresas necesitan una plataforma de este tipo en el contexto de la entrada en vigor de la Ley nº 261 / 2022, según Gabriel Zgunea, CEO de Corporate Intelligence Agency, "Wibso es una plataforma digital de denuncia de irregularidades desarrollada para ayudar a las empresas del sector privado a cumplir con la Ley 361 / 2022 sobre la protección de los denunciantes en el interés público. En virtud de esta ley, todas las empresas con al menos 50 empleados están obligadas a identificar e implementar canales internos de denuncia que permitan a los empleados y socios comerciales comunicar internamente información sobre posibles infracciones de la ley a las que tengan acceso a través de sus actividades profesionales." Este año la creación de este canal interno de denuncia es obligatoria para las empresas con más de 250 empleados, y el año que viene lo será para las empresas con más de 50 empleados, explicó Zgunea.

El 23 de octubre de 2019 se adoptó la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L, 305, de 26 de noviembre de 2019. 

Como Estado miembro de la Unión Europea, Rumanía debía transponerla antes del 17 de diciembre de 2021. 

El 19 de diciembre de 2022, el Parlamento rumano promulgó la Ley 361/2022 sobre la protección de los denunciantes de irregularidades de interés público. Constituye el marco general para la protección de las personas que denuncien infracciones de la ley que se hayan producido o puedan producirse, tanto en las autoridades e instituciones públicas, como en otras personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. 

Tanto la Directiva (UE) 2019/1937 como la Ley 361/2022 fijan el 17 de diciembre de 2023 como fecha límite para que las personas jurídicas del sector privado de entre 50 y 249 empleados adopten el marco normativo sobre el establecimiento de canales internos de información. 

En cambio, las empresas con más de 250 empleados están obligadas a identificar e implantar canales internos de información una vez que la ley entre en vigor, es decir, a partir del 22 de diciembre de 2022.